Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), informó que la institución trabaja constantemente con las autoridades para atender casos de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Destacó que, aunque cuentan con estadísticas internas, es fundamental visibilizar los casos, como lo demuestran las recomendaciones 2 y 3 del 2025 emitidas por la CEDHBC a la Policía Municipal de Tijuana y a la Fiscalía del Estado. 

 

Estas recomendaciones derivan del caso de una mujer indígena que, tras ser víctima de abuso sexual por parte de un taxista en Tijuana, fue revictimizada por agentes municipales y de la Fiscalía. A pesar de las alertas de violencia de género vigentes en el estado, Ochoa Orduño subrayó que aún falta perspectiva de género en las actuaciones oficiales.

Por su parte, Lorenzo Herrera, activista con más de 40 años de trayectoria en la ciudad, denunció la explotación de personas migrantes en albergues y redes ilegales, así como la falta de denuncias por parte de víctimas del colectivo LGBT, quienes, según explicó, temen represalias y discriminación. 

 

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Herrera relató casos de extorsión por parte de autoridades, robo de documentos e identidades, y la constante vulneración de derechos, especialmente a migrantes homosexuales procedentes de otros países. Afirmó que muchas víctimas acuden a su centro comunitario en la zona centro de Tijuana, pero pocas se atreven a denunciar formalmente.

Gabriela Navarro Peraza, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas (CICTP), resaltó que, aunque Baja California cuenta con un programa estatal y una comisión activa integrada por más de 30 instancias gubernamentales y de la sociedad civil, el mayor reto sigue siendo visibilizar la problemática. Explicó que muchas víctimas no se reconocen como tales, y que por cada denuncia formal podrían existir entre 20 y 50 casos ocultos. A pesar de que las denuncias en el estado son limitadas (entre 15 y 25 en el último año), Baja California figura entre las entidades del país con más reportes formales. 

 

Navarro instó a las personas a denunciar, recordando que existe una fiscalía especializada y un marco institucional para ofrecer protección y acceso a la justicia.

 

 

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